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Modificación LPH y otras medidas que afectan a las Comunidades de Propietarios, segun RDL 8/2023

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, estableció medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía (BOE nº 310, de 28 de diciembre).

En este Real Decreto-ley se establecen diversas medidas que afectan a las comunidades de propietarios, como son las siguientes:

-Dentro de las medidas en materia energética, hay que destacar el artículo 38, que establece la prórroga de la TUR de gas natural aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios.

-Dentro de las medidas en materia de vivienda, el artículo 87 MODIFICA EL ANTERIOR RDL 11/2020 por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y así modifica sus artículos 1 y 1 bis, básicamente en cuanto a la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, determinando como aspecto principal que “Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se haya suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el apartado 5 del artículo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la persona arrendataria (acreditando una serie de circunstancias, y conforme a un trámite estipulado) podrá instar, de conformidad con lo previsto en este artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Así mismo, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista. Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto el 31 de diciembre de 2024.

-Por último, la disposición final quinta modifica los artículos 10.3 y 17 apartados 2 y 4, de la Ley de Propiedad Horizontal, introduciendo las siguientes modificaciones:

Art. 10.3  Estarán sujetas al régimen de autorización administrativa que corresponda:
a) La constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el artículo
26.6 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en sus mismos términos.
b) Cuando así se haya solicitado, y de acuerdo con el régimen establecido en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, previa aprobación por la mayoría de
propietarios que en cada caso proceda de acuerdo con esta Ley, la división material de los
pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes, el aumento
de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por
segregación de alguna parte, la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración
de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la
modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes.
En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y
corresponderá a la Junta de Propietarios, de común acuerdo con aquéllos, y según la
mayoría de los propietarios que en cada caso proceda de acuerdo con esta Ley, la
determinación de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. La fijación de las
nuevas cuotas de participación, así como la determinación de la naturaleza de las obras que
se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre las mismas, requerirá la adopción del
oportuno acuerdo de la Junta de Propietarios, por idéntica mayoría. A este respecto también
podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en
la Ley.

En el art. 17.2 párrafo tercero se incluye lo marcado en negrita

La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia
energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la
implantación de fuentes de energía renovable de uso común, incluyendo en su caso la
modificación de la envolvente del edificio, así como la solicitud de ayudas y subvenciones,
préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la comunidad de propietarios a
entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones, requerirá el
voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, que, a su vez, representen la
mayoría simple de las cuotas de participación, siempre que su importe repercutido
anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso
la financiación, no supere la cuantía de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
El propietario disidente no tendrá el derecho reconocido en el apartado 4 de este artículo y el
coste de estas obras, o las cantidades necesarias para sufragar los préstamos o financiación
concedida para tal fin, tendrán la consideración de gastos generales a los efectos de la
aplicación de las reglas establecidas en la letra e) del artículo noveno.1 de esta ley.

Y por último el art. 17.4, introduce el párrafo marcado en negrita:

4. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no
requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del
inmueble, según su naturaleza y características.
No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los
propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación,
se adopten válidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones,
servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y
accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de
tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se
modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si
el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de
abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados
mediante la aplicación del correspondiente interés legal.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, estarán sujetas al voto
favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen
las tres quintas partes de las cuotas de participación, la división material de los pisos o
locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes; el aumento de su
superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por
segregación de alguna parte; la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración
de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas o la
modificación de las cosas comunes.
No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el
uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso.

Puede consultar el total articulado de la Ley de Propiedad Horizontal, tras esta modificación, en nuestro apartado de LEGISLACION.

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